La reciente Ley 12/2023, de 24 de mayo, sobre el derecho a la vivienda, ha introducido cambios significativos en el mercado inmobiliario español. Estas modificaciones, que afectan tanto a los propietarios como a los inquilinos, pueden parecer desafiantes a primera vista. Sin embargo, es importante comprender cómo estos cambios pueden afectar a los propietarios de viviendas y cómo pueden adaptarse a ellos.
Limitaciones en el precio de los alquileres de viviendas
Se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta. Desde marzo de 2022, los propietarios de inmuebles no pueden actualizar las rentas más allá del 2%, y así será hasta el 31 de diciembre de 2023. A partir de 2024, el incremento no podrá superar el 3% en el caso de los grandes tenedores.
Áreas tensionadas y limitaciones de alquiler
Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es la definición de "áreas tensionadas". Se trata de zonas donde el coste del alquiler o de la hipoteca supera el 30% de la renta media de los hogares, o donde el precio del alquiler ha crecido al menos un 3% por encima del IPC de la Comunidad Autónoma. En estas áreas, la ley impone restricciones adicionales a los propietarios. Por ejemplo, limita el aumento de la renta en nuevos contratos al 10% y prohíbe a los propietarios cobrar al inquilino nuevos gastos que no estaban en el contrato anterior.
Gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contratos
Estos gastos correrán a cargo del arrendador o propietario del inmueble.
Uno de los cambios más significativos que trae la nueva Ley de Vivienda en España es la redistribución de los gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contratos. Anteriormente, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no especificaba quién debía asumir la comisión de la agencia inmobiliaria, y la mayoría de los propietarios trasladaban este gasto a los inquilinos. Sin embargo, con la nueva ley, esta práctica ha cambiado.
La Ley de Vivienda establece claramente que “los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador”. Esto significa que los propietarios ahora deben asumir los costos de la agencia inmobiliaria involucrada en el alquiler de una vivienda. Este cambio libera a los inquilinos de uno de los gastos iniciales a los que antes se enfrentaban al alquilar una vivienda.
Antes de la entrada en vigor de esta ley, el desembolso inicial para el arrendatario al firmar un contrato de alquiler podía ascender a cuatro o cinco mensualidades: la fianza, el primer mes de alquiler, la comisión de la agencia inmobiliaria (un mes o una décima parte de el coste anual del piso más el 21% de IVA) y uno o dos meses adicionales de garantía.







